www.abogacia.es.- Ha sido controvertido y objeto de decisión del Tribunal Constitucional el acceso al correo por parte de la empresa, puesto que, aun tratándose de correo  corporativo o laboral, este acceso pudiera infringir alguno de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, como el derecho a la privacidad (art. 18.1 CE), o el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).

Debe distinguirse, en este supuesto, el acceso para realizar tareas de mantenimiento o cuando haya indicios de un posible mal uso del correo. El acceso para tareas de mantenimiento no habría de comportar el acceso al contenido de los mensajes y debe efectuarse en el marco de un contrato de encargado del tratamiento de datos, de acuerdo con la normativa de la LOPD y sería conveniente informar a las personas afectadas sobre las tareas que se van a realizar y la
posibilidad de estar presentes durante el acceso.

En situaciones de sospecha de un uso inadecuado del correo electrónico por parte del empleado, el empresario podrá acceder a su control atendiendo importantes prevenciones, en el marco de su facultad de organización de los medios empresariales (art. 20. 3 Estatuto de los Trabajadores). No obstante, este control tendrá sus límites en la proporcionalidad entre el abasto y los medios de control a efectuar con relación al resultado que se pretende. Igualmente, no debe entrar en contradicción con el derecho fundamental a la privacidad o al secreto de las comunicaciones. No cabe duda de que es admisible, en el marco de las facultades de autoorganización, dirección y control correspondientes a cada empresario, la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, así como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales (STC 241/2012).

Con respecto a los medios utilizados para el control, deben utilizarse solo aquellos que estén justificados por no existir ningún otro mecanismo que permita conseguir el mismo objetivo perseguido sin necesidad del acceso.

En cuanto a los derechos fundamentales relativos a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, el Tribunal Constitucional ha distinguido que, ni el objeto de protección ni el contenido de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la intimidad son coextensos, por lo que su régimen de protección constitucional es diferente y autónomo (STC 7/11/2013).

Así pues, de acuerdo con el TC, el objeto directo de protección del art. 18.3 CE (secreto de las comunicaciones), es el proceso de comunicación en libertad y no por sí solo el mensaje transmitido, con independencia de su contenido.

Con respecto al derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, éste se extiende al contenido de los mensajes electrónicos, considerándose que en el ordenador personal puede existir una información que forma parte del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido (STC 173/2011), aunque la jurisprudencia constitucional ha matizado que la cobertura de este derecho fundamental viene determinada por la existencia en el caso de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad.

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